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El Legislativo, de nuevo en el ojo de la tormenta

 Si en algún momento pasó por su mente la idea de que las aguas políticas por fin volverían a su nivel, y la turbulencia de los escándalos dejaría paso a un fluir apacible, lamentamos comentarle que esa fue una ilusión pasajera.

Ayer debía ser una fecha importante e impoluta para la institucionalidad nacional, pues en un acto solemne en el Congreso de la República, con presencia de los presidentes de los tres poderes del Estado, de otros altos funcionarios y de invitados especiales, se juramentó y dio posesión a las y los integrantes de la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad.

Esa, que debía ser la nota positiva de la jornada, sin embargo, fue opacada por un nuevo hecho judicial, de aquellos que pueden llegar a tener honda repercusión política: la solicitud de antejuicio realizada por el Ministerio Público en contra de ocho legisladores de la oficialista bancada FCN-Nación.

Los nubarrones de esta nueva tormenta, con notorios ribetes de escándalo, se empezaron a formar el 5 de abril último, cuando diputados del partido oficial llevaron a la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, a una “encerrona legislativa” en la que no solamente la habrían presionado para hacer nombramientos al gusto de los convocantes, sino la irrespetaron con expresiones racistas y discriminatorias.

Pese a los intentos de FCN-Nación por reducir la importancia al hecho, éste no pasó desapercibido para los medios de comunicación social y el caso fue creciendo en importancia, al punto que tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos como el MP intervinieron, según sus respectivas competencias, hasta llegar a la solicitud de antejuicio.

Ahora se inicia un tortuoso y prolongado proceso legal que, en interés de la salud política e institucional del Estado, debe ser transparente, confiable y ágil. Se entra en el delgado filo de la navaja, en donde se corre el riesgo de judicializar la política y politizar la justicia.

Pero este nuevo escándalo parlamentario va más allá de lo procesal y la sustantividad legal. Las instancias correspondientes deberán pronunciarse sobre los cargos que formula el MP, pero en el fondo se abre una nueva oportunidad para la reflexión seria sobre la pobre calidad del quehacer político y la lamentable catadura de quienes, presuntamente, son representantes de la ciudadanía.

Se suele decir que el Congreso de la República es un reflejo de la sociedad guatemalteca. Pero esta es una afirmación que tiene, cada vez más, tintes justificativos antes que explicativos. Hoy, no tiene asidero.

Después de las movilizaciones sociales de 2015 y de la decantación ciudadana en contra de la corrupción, es evidente que la actual legislatura está muy lejos de representar los anhelos de cambio expresados en calles y plazas.

Al contrario, muchos de los legisladores representan todo aquello de lo que las y los guatemaltecos estamos hartos. Para muestra, esos ocho botones.

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