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El derecho al agua y el derecho a la vida

La denuncia hecha ayer por representantes de 120 comunidades de la Costa Sur, sobre el grave conflicto económico social y la inacción estatal en torno al agua, es un anuncio de tiempos difíciles por venir, si la sociedad guatemalteca no cobra conciencia ni alcanza acuerdos fundamentales para evitar que continúe la degradación de la calidad y la cantidad del vital líquido, así como para garantizar el efectivo goce del derecho de acceso a él, que es tanto como defender el derecho a la vida.

Porque el agua es vida, y la vida es el primer derecho garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala.

En tiempos de cambio climático y de alteración severa del régimen histórico de lluvias, en tiempos de sequía y de hambre, es comprensible la exacerbación de las tensiones sociales en torno al agua. Pero no se piense que el problema tiene un origen “natural”. En esto, como en otras manifestaciones de la grave vulnerabilidad ambiental en que se encuentra Guatemala, lo decisivo es la matriz económica y social que ha depredado los recursos naturales, incluido s nuestros otrora ricos recursos hídricos.

Es inevitable hablar en pasado y es obligado decir que toda aquella riqueza ya se perdió. Actualmente, son muy pocas las fuentes de agua libres de contaminación. No necesitamos ir muy lejos en el tiempo: en 2015 la sociedad guatemalteca se hartó de una vicepresidenta que quiso burlarse de todos diciendo que “limpiaría” con agüita mágica el lago de Amatitlán, al que  le falta poco para convertirse en una cloaca gigante.

En ese mismo año, en plena efervescencia social por los escándalos de corrupción, el país entero fue conmocionado por la penosa mortandad de peces en el río La Pasión, en Petén.

Y si la calidad del agua es un problema de proporciones catastróficas, el de su cantidad y el desigual acceso a ella no es menor. Por eso es tan importante y oportuna la denuncia hecha ayer por las comunidades del litoral Pacífico, al igual que la Marcha por el Agua iniciada el lunes a orillas del Suchiate y que sigue avanzando hacia la capital de la República.

Nadie debería llamarse a engaño, ni mi-nusvalorar el asunto: estamos ante un conflicto social y económico de grandes proporciones, que está apuntando al corazón mismo del patrón de acumulación de riquezas, basado en la explotación del trabajo humano y la depredación de la naturaleza.

No es aceptable que cualquier mercancía, aunque sea de exportación y reporte divisas a la economía del país, sea más importante que la vida de las personas. Así, debe empezarse por detener el abuso de las empresas que desvían y contaminan los ríos. Es justa la demanda de que el Estado, en particular el gobierno central, actúe con energía en ese problema.

Es obligación constitucional del Gobierno actuar en defensa del derecho humano de acceso al agua, porque es su obligación defender el derecho a la vida.

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