Home > Columnas > Un Congreso sin piedad (II)

Si bien la pena de muerte está en la Constitución, ésta entra en conflicto con el artículo 3 constitucional, por lo tanto los diputados deben arbitrar por la norma benigna que proteja la vida.

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Además, deben considerar que el artículo 18 constitucional, no la establece concretamente, pero fija los casos en que no podrá imponerse, y refuerza las garantías procesales que dispone la persona que recibe dicha pena, como lo resuelve la CC, en opinión consultiva presentada por el presidente de la República (Gaceta No. 29, expediente No. 323-93, página No. 9, resolución: 22-05-93).

La función representativa de los diputados, de trasladar a la Ley las necesidades del pueblo, debe tener juicio razonado, no todo puede ser aprobado porque no siempre es justo. La CC, respecto a la pena de muerte, fijó: “…esta Corte no puede ser insensible a ese clamor que puede ser de la mayoría de la población. Sin embargo, tales consideraciones de carácter político no pueden ser oponibles a las de ética jurídica que le ha encomendado la Constitución…”

Los diputados, en la interpretación inmediata de la Constitución, deben razonar que esta se interpreta en armonía con las partes restantes. La protección a la vida es compromiso fundamental del Estado, por lo tanto la defensa de ese derecho debe sustentarse con criterio amplio, liberal y práctico, nunca estrecho ni limitado.

Aparte, hay una tendencia mundial a abolir la pena de muerte, que sigue nuestra Constitución, pues el mismo artículo 18 lo contempla como posibilidad. Los derechos humanos van en avanzada, la pena se ha humanizado, por ello el fin primordial de la acción punitiva del Estado es la resocialización o reinserción social y no la eliminación del delincuente mediante su muerte.

Los diputados tienen un momento coyuntural para responsablemente deliberar y reflexionar sobre la Ley del Indulto, pues igual que el jurado del filme Doce Hombres sin Piedad, sin estigmatizar,pueden decidir sobre la vida de personas acusadas de delitos graves.

Deben concienciar que toda persona tiene el derecho inherente a que se honre su vida, que es mejor inclinarse a la tesis abolicionista de esa pena y decidir la querespete, proteja y preserve los derechos humanos. De no hacerlo se convierten en un Congreso sin piedad.

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