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La Sib envía una señal tranquilizadora

En medio del nerviosismo global causado por la filtración informativa sobre inversiones de dudosa legitimidad, canalizadas por el bufete panameño Mossack Fonseca, ayer se produjo en Guatemala un hecho inusual: el allanamiento judicial de las oficinas centrales de un banco del sistema.

Según se informa en nuestra edición de hoy, la acción a cargo de fiscales del Ministerio Público se dirigió específicamente hacia el expediente de la inversión que la firma panameña DHK Finance Inc. realizó en el Banco de los Trabajadores (Bantrab).

El MP actuó luego de que la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (Sib), sospechara sobre el origen ilícito de los recursos con que se compraron acciones preferentes de la referida institución bancaria y cuyo monto, según refiere la información de la Sib, no alcanza más del 1 por ciento de los activos del Bantrab.

Este solo dato podría considerarse suficiente para la tranquilidad de los ahorrantes del banco en cuestión y debería desalentar cualquier ataque especulativo o, peor aún, una corrida bancaria que sería nefasta no solamente para el Bantrab, sino para el conjunto del sistema financiero y la economía nacionales.

La conferencia de prensa ofrecida ayer por José Alejandro Arévalo, titular de la Sib, fue oportuna, precisamente en dirección de atajar rumores y especulaciones. Otro tanto cabe decir de la disposición expresada por las autoridades del Bantrab, de compartir toda la información que requiera la investigación emprendida por el MP.

Este caso específico, en abono de lo ya dicho, permite llamar de nuevo la atención sobre la importancia de contar con instituciones fuertes, independientes y eficientes, capaces de cumplir a cabalidad con las funciones para las que fueron creadas. Reflexión valedera para el trabajo desarrollado por la IVE, entidad que tiene la delicada misión de detectar movimientos financieros sospechosos.

No menos importante es, para lo que nos ocupa y para la seguridad del sistema financiero nacional, el fructífero nivel de comunicación y coordinación entre la IVE y el MP. Cada una de esas entidades tiene un rol específico en el combate del lavo de dinero, pero resulta del todo evidente que por separado no podrían tener intervenciones oportunas, como en este caso.

Finalmente, y en un plano más general, lo ocurrido en torno al Bantrab debería agregar argumentos adicionales al debate, ya iniciado, sobre el secreto bancario.

Si bien el asunto suele relacionarse con motivaciones fiscales o tributarias, resulta claro que las posibilidades de alcanzar estándares más altos de seguridad para el sistema financiero pasan, también, por la eliminación de prácticas propicias al ocultamiento de transacciones e inversiones con recursos de origen dudoso.

Es hora de remover mentalidades y usos que nos mantienen anclados a resabios mercantilistas decimonónicos, cuando estamos en la segunda década del siglo XXI.

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