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El río revuelto en los descuentos y jubilaciones

El 2 de febrero del año en curso, con apenas dos semanas y media de haberse instalado, el actual Congreso de la República pasó, casi en silencio y con la inadvertencia de una ciudadanía distraída por otros acontecimientos dentro del propio Legislativo, una ley que ninguna persona con un mínimo de sensibilidad social podría adversar, dado que en ella se acuerda aumentar Q500 mensuales a los jubilados y a otros beneficiarios del régimen de clases pasivas civiles del Estado.

Nos referimos, como ya pudo haber colegido el amable lector, al Decreto 11-2016, Ley de Incremento Económico a las Pensiones Otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado. En él se dispone, además de la acordada para 2016, otra mejora por los mismos Q500 mensuales para el año venidero. Ambos aumentos aplican, según reza la normativa, a las pensiones cuyo monto no sea mayor al salario mínimo vigente para el año 2016.

En apariencia, hasta allí todo está bien. El problema empieza en el momento en que la generosidad legislativa se decide financiar con un aumento de dos por ciento a las contribuciones o descuentos mensuales realizados a todos los empleados públicos, comprendidos en el régimen de clases pasivas civiles, con excepción de aquellos cuyos sueldos son menores a Q0400 mensuales.

Nadie dijo nada, nadie hizo olas, hasta que no llegó el primer descuento (sin contar que estuvo de por medio el descanso de Semana Santa). Poco a poco ha ido creciendo la inconformidad entre los empleados públicos afectados, empezando por aquel gremio más numeroso y tal vez mejor organizado: el magisterio.

Ayer, este hizo una demostración de fuerza y protagonizó la primera gran manifestación del año. Varios de los contingentes de maestras y maestros llegados de diversos puntos del país a la capital, decidieron pernoctar aquí y continuar hoy su protesta, frente a la sede del Congreso de la República.

Parece evidente que está en manos del Legislativo diluir esta fuente de malestar, que no se refiere exclusivamente al magisterio. Pero es aquí donde, en el río revuelto por la imprevisión y la improvisación, las cosas pueden complicarse si así conviniese a alguno de los actores de la continuada confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo.

No podría pensarse que ese sea un camino sensato, pero estamos en Guatemala, donde todo puede suceder.

Por lo pronto, lo más probable es que la cuerda se rompa por lo delgado, como también es frecuente. Cabe la posibilidad de que el Legislativo acceda hoy mismo a eliminar la fuente del descontento y los maestros regresen a sus departamentos.

Pero sería muy injusto que el Congreso revoque los aumentos a los descuentos del montepío, sin encontrar una fuente segura de financiamiento que garantice el ofrecido incremento a las y los pensionados. No se vale jugar con la necesidad ni con las esperanzas de quienes ya contaban con ese apoyo adicional a su precaria economía.

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