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Piden solución a lío por rescisión

Diputados de la bancada Movimiento Reformador (MR) citaron a funcionarios del Ministerio de  Gobernación, Dirección General de Migración y de la Procuraduría General de la Nación para que presenten una solución que evite que el Estado tenga que pagar una indemnización de $60 millones, según la demanda presentada por la empresa SAG por la rescisión de un contrato para brindar servicios de control migratorio.

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Los parlamentarios recordaron que ese contrato supuestamente tiene una sobrevaloración del 90%, por lo cual fue anulado durante el gobierno de Otto Pérez Molina. La empresa  Security Assitance Group (SAG) fue contratada por el entonces ministro Mauricio López Bonilla, quien luego de múltiples señalamientos de anomalías dio marcha atrás.

Jaime Regalado, diputado del MR, dijo que ya existe una acción judicial.

SAG presentó una demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la que impugna la rescisión del contrato que fue anulado en mayo del año pasado.

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