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Las implicaciones del revés presidencial

El choque de trenes empezó a gestarse el pasado 4 de febrero y finalmente ocurrió ayer, cuando el Congreso de la República rechazó el veto presidencial al Decreto 13-2016, por el que se reforma el Código Penal para que funcionarios públicos y personas responsables de administrar recursos del Estado que no asistan a citaciones del Legislativo, puedan ser sancionados con pena de cárcel hasta por tres años.

El presidente Jimmy Morales había vetado el referido decreto el 7 de marzo y dos días después se publicó en el Diario de Centro América el acuerdo gubernativo correspondiente. Así, desde principios de marzo se empezaron a afilar los espolones de los participantes en una pelea de gallos en la que el otro contendiente, según las apariencias, sería el presidente del Congreso, Mario Taracena.

En una visión superficial y muy primaria, en efecto, Taracena se habría impuesto a Morales, quien ahora está obligado a ordenar la publicación del decreto que había vetado en Consejo de Ministros. Pero esa visión se queda en la superficie. En realidad hay al menos otras dos lecturas posibles de lo ocurrido ayer en el Congreso, no necesariamente excluyentes entre sí.

La primera se refiere a que, pese a la artificiosa mayoría parlamentaria construida por el oficialista FCN-Nación a través del transfuguismo, el Ejecutivo no tiene un camino fácil para empujar acuerdos legislativos en los cuales se requiera el voto de más de dos terceras partes de diputados.

Al contrario, como se demostró ayer, siempre tendrá sobre sí la sombra de coaliciones circunstanciales en las que las bancadas opositoras, especialmente las de UNE, Todos y Bloque Reformador, logren atraer a las minúsculas y sumen más de 105 votos, como en este caso.

La importancia de la medición ocurrida ayer estriba, precisamente, en que se puso a prueba la nueva correlación de fuerzas dentro del Legislativo que ya no podrá variar sustancialmente, dada la vigencia de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la República, contenidas en el Decreto 14-2016.

Por otra parte, y esta es una interpretación complementaria a la anterior: el rechazo al veto presidencial es una reafirmación de la independencia de poderes, que no tendría nada de extraordinario si la democracia guatemalteca estuviese realmente consolidada, y no viniésemos de una tradición histórica de predominio del Ejecutivo.

Es más, la pugna en torno a la referida reforma al Código Penal y la amenaza de cárcel para quienes desacaten las invitaciones legislativas, tiene el sentido de un marchamo, acaso innecesario, en defensa del Artículo 168 de la Constitución Política de la República.

De este modo se afianzan las funciones fiscalizadoras del Legislativo, aunque al mismo tiempo se corre el riesgo de dar boleto de vialidad a prácticas como el chantaje y el bloqueo a la actividad del Ejecutivo, por no decir otras más perniciosas, de las que se tiene sobrado conocimiento.

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