El Siglo

Un Congreso sin piedad (I)

Mireya Batun Betancourt

Jueza sobreviviente

Recientemente se ha reactivado el debate sobre la aplicación de la pena de muerte, incluida la manifestación del presidente de la República a favor de esa condena, así como la presentación en el Congreso de la iniciativa de Ley que busca poner en vigencia nuevamente el indulto.

La mayoría pareciera apoyar la pena de muerte, por la creencia de que su aplicación frena la criminalidad y mantiene la estabilidad social, pero en ningún momento reflexiona que la pena de muerte atenta contra el derecho fundamental consagrado en el artículo 3 de la Constitución: el derecho a la vida, que se garantiza a  todos los habitantes, por lo tanto, no excluye a ninguno y en concordia con ello la Corte de Constitucionalidad(CC) resolvió que es obligación fundamental del Estado garantizar el goce de la vida.

Existe el argumento de que la pena de muertetiene carácter disuasorio, porque el criminal hace un balance sobre las ventajas y desventajas de cometer un delito, perono se ha demostrado que su aplicación sea un persuasivo, por lo cual está la certeza que su eficacia intimidatoria no existe.

Otra manifestacióna favor de esa pena, es la razón de justicia: debe aplicarse a quienes cometen delitos graves, porque es retribuirle al autor el mal que ha causado. Sin embargo,el fin de todo tipo de pena, no es el castigo, sino la readaptación social y la reeducación del delincuente, criterio que la CC comparte.  La pena de muerte, su fin es eliminatorio, por lo tanto, aplicarla pervierte el fin del Sistema Penitenciario.

De la idea anterior se deriva un argumento en contra: el error judicial, en virtud que la administración de justicia al ser dirigida por personas, es susceptible de error, pero si se impone la pena de muerte, y el juez se equivoca, su aplicación produce consecuencias irreparables que impiden subsanar la falencia y elimina toda posibilidad de enmienda.

Otra tesis favorable a esa pena se refiere al costo, al afirmarse que es más rentable dar muerte que condenar a prisión, porque se debe mantenera los condenados con nuestros impuestos, dinero que podría asignarse a otros rublos;sin detenerse a reflexionar que la vida o la muerte de una persona no puede ser medida por criterios económicos.

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