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Gabriel Orellana

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Catedrático universitario y abogado

Comenté hace unos días varios errores formales que le sirvieron al Presidente de la República para vetar el Decreto 13-2016 del Congreso de la República. No se crea que esos errores del Organismo Legislativo son fortuitos o excepcionales. ¡Nada de eso!

Vaya otra muestra. En sentencia del 15 de enero de 2015 (Expedientes acumulados 2523-2013 y 2807-2013) la CC declaró la inconstitucionalidad de la frase “o el de” contenida en el segundo párrafo del artículo 41 Bis de la Ley de Bancos y Grupos Financieros.  Adujo que al analizar la oración contenida la frase impugnada de inconstitucionalidad “se puede colegir que si se aplicará un método interpretativo conforme al texto mismo de la ley, ello puede provocar ambigüedad, confusión o incluso llegar a una conclusión absurda por parte de aquellos que deben aplicar la norma precedentemente relacionada.  Lo anterior lo provoca el craso error gramatical por haberse incluido la frase impugnada en la segunda oración del párrafo segundo del artículo 41 Bis  de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, por no observarse, en esta inclusión, las reglas de la sintaxis, entendida esta como la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir palabras, para formar oraciones y expresar adecuadamente conceptos. Este tribunal precisa que un error gramatical o de sintaxis no necesariamente puede provocar vicio de inconstitucionalidad, pero ello en ningún momento dispensa el deber que tiene el emisor de la norma jurídica (refiriéndose en este caso al Congreso de la República), de observar, de manera correcta, las reglas gramaticales y ortográficas para el uso adecuado del idioma español, pues de no utilizarse adecuadamente estas reglas puede provocarse indeterminación o falta de certeza en la adecuada definición de conceptos, hechos, actos y consecuencias jurídicas.”

Luego en sentencia del 10 de marzo de 2016 (Expedientes acumulados 2089-2014, et. al) destacó el “error” cometido por el Congreso al haber aprobado la Ley de Control de las Telecomunicaciones sin la mayoría calificada constitucionalmente requerida. Y ahora, ¿Qué pasará con la Ley de Tarjetas de Crédito?

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