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David Martínez-Amador 

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Investigador Social

En varias ocasiones hemos discutido esta cuestión relacionada a la construcción de pactos entre el crimen organizado y distintos sectores ciudadanos.  Al margen de su complicación para realizarse, y las obvias implicaciones ético-morales,  parece que ante el nivel de desesperación ciudadana es la única opción.  La literatura sobre la historia del crimen organizado ha querido referir hacia la experiencia que apunta la construcción de acuerdos ´políticos´ en los cuales el crimen organizado es tratado como cualquier otro actor de la democracia de poliarquía (democracia de grupos) o cómo cualquier sindicato organizado.

Ese tipo de esquema corporativo tenía sentido mientras el gobierno federal mantuviera la fuerza política y control territorial.   En la medida en que el priísmo fue perdiendo espacio en México y con el advenimiento de otras fuerzas políticas, los esquemas de negociación con el narco cambiaron en forma pero no en principio: Durante el gobierno de Vicente Fox los hijos de su pareja sentimental Marta Sahagún fueron emisarios del gobierno con los criminales.  Durante el gobierno de Felipe Calderón, fue su secretario de seguridad a nivel federal quien tuvo dicho rol. Y cuando las cosas se salieron de control,  la responsabilidad cayó en manos de una designación militar que hasta el día de hoy se desconoce su nombre y rango concreto.

En los años subsiguientes, ante la fragmentación de los cárteles en grupos cada vez más chicos y con menor control territorial, los diferentes gobiernos locales y municipales se vieron obligados a negociar no con un uno sino con diferentes grupos.  Y pocas veces esto había salido a la luz pública.  Hasta ahora.

Empresarios de Acapulco piden un pacto de paz entre los ciudadanos, los líderes del gobierno y el crimen organizado. Esto es una medida desesperada que pone de relieve la incapacidad del gobierno para reducir la violencia y la extorsión en lo que se ha denominado hasta ahora la ciudad más peligrosa de México. El puerto de Acapulco tiene una tasa de homicidios de 105 por cada 100,000 lo que es un índice de tipo africano en época de guerra civil.   La reunión está pactada para el 13 de abril y se espera la presencia de más de 200 líderes criminales que operan en la zona turística de Acapulco así cómo funcionarios de gobierno.  Se espera lograr una amnistía fiscal para los comercios afectados por la extorsión (más de 200 comercios han cerrado en la zona turística de Acapulco) y se espera poder acordar con las estructuras criminales

¿Qué implicación tiene que los comerciantes de la costera de Acapulco tengan que salir, en público, a solicitar que el crimen organizado negocie con ellos?  Primero, reconocer el fallo de la política de seguridad.  Segundo, reconocer la desesperación de la ciudadanía. Tercero, la dejadez del estado federal al permitir que uno de los lugares más simbólicos del país ( el puerto turístico más importante) caiga a este nivel.   Cómo todo en México, al final las cosas terminan en manos de la ciudadanía organizada.  Habrá que ver lo que emane de la reunión pero es posible que no resuelva nada pues estos grupos criminales son ahora más volátiles y menos disciplinados.

Personalmente creo que este esfuerzo está conducido al fracaso.  Abre la posibilidad para que los grupos criminales perciban que son ellos quienes sientan la agenda y no hay nada, pero nada que los obligue a respetar los términos de la negociación. Una prueba de ello: a menos de 15 días de esta reunión van 23 muertos en plena playa.   En este caso concreto, no hay más que decir que lo que sucede en Acapulco va apuntando un caso no nacional pero sí específico de Estado Fallido. El riesgo que, la situación se replique a otros estados.

Ese tipo de esquema corporativo tenía sentido mientras el gobierno federal mantuviera la fuerza política y control territorial

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