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Guatemala está en una encrucijada

Arturo Martínez Gálvez

Exprocurador Adjunto de los Derechos Humanos.

¿Conviene reformar la Constitución Política de la República?

Para reformar algo hay que conocer ese algo y preguntarse: ¿qué tanto se sabe lo que es una Constitución? Lo que ha pasado en nuestro país es que pocas veces se ha aplicado la Constitución en su verdadero sentido. Su interpretación siempre ha estado sujeta a los intereses de poder.

Es oportuno recordar al jurista alemán Fernando Lassalle, cuando se pregunta ¿qué es una Constitución? Y responde es “…en esencia, la suma de factores reales de poder que rigen en un país, es decir, la relación de fuerzas de poder en un lugar y un momento determinados…”.

Todos los países tienen una Constitución en sentido formal, pero no es esta la que rige sino los poderes reales, que muchas veces son invisibles.

¿En las actuales circunstancias cree usted que es prudente reformar la Constitución? 

No, no es prudente, porque no se dan las condiciones para una reforma. En primer lugar caer en manos de los mismos partidos políticos, ya sea una reforma a través de una Asamblea Nacional Constituyente o de un Congreso de la República, sería un gran error y un gran riesgo.

Una reforma es conveniente cuando hay una estabilidad política y un estado de democracia aceptable. Reformar por reformar, no tiene sentido. Para reformar la Constitución no hay otro camino que las dos vías indicadas, pero ninguna es aconsejable. La clase política tiene una calificación de pésima.

¿Considera que hay aspectos constitucionales que merezcan ser reformados?

No obstante, lo dicho, creo conveniente reformar lo relativo al sistema de justicia, particularmente lo que se refiere a la selección y elección de los magistrados, sobre todo eso de hacer rotativa la presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Fue un gran error introducirle cambios a la Constitución que no sirvieron y más bien perjudicaron el sistema.

Pero, ojo, nadie garantiza que solo esta parte sea reformada, puesto que como ya sucedió en otras oportunidades, los diputados le metieron mano, como se dice, al pliego de reformas, y de un caballo resultó un camello. Y estos son los grandes riesgos que se corren, pues tanto los partidos políticos como los sectores de poder aprovechan para introducir reformas, como pasó con la reforma del Artículo 133.

No soy partidario de una reforma en tanto tengamos la clase política que tenemos y en tanto no se haya hecho un análisis de la normatividad constitucional y su desfase con la realidad, que es lo que realmente justifica una reforma.

¿Cómo cree que debe ser la clase política que no tenemos ahora?

Es una pregunta muy difícil de contestar, es casi imposible crear una clase política diferente a la que nos ha gobernado, porque no hay formación ética, tampoco política, si mucho los interesados se quedan en pura teoría que aprenden en las aulas universitarias. La buena clase política se hace al andar y no hay cuadros en los que se puede confiar.

Guatemala está en una encrucijada verdaderamente preocupante. A la postre, la política y el buen gobernar no es cuestión de leyes, sino de hombres. Es decir, de valores, de principios, pero para esto hay que tener una buena educación y decencia, que no la hay.

Tampoco hay una ciudadanía que exija el cumplimento de los derechos y tenga un claro conocimiento de lo que es la democracia, y así los políticos son libres de hacer lo que quieran, aprovechándose del poder; para ellos no existe el bien común, que es el primer mandato constitucional, sino solo sus intereses que se traducen en negocios particulares.

Hubo una buena oportunidad el año pasado cuando se congregaron en la plaza central diferentes sectores, pero desafortunadamente solo fue una llamarada de tusas. No llegaron a lo más importante, donde está el corazón de la podredumbre: el Congreso de la República, de tal manera que las cosas siguieron lo mismo, burlándose de aquella ciudadanía que exigía un cambio.

La verdad es que no hubo una conciencia ciudadana –tampoco la ha habido- arraigada en lo político, pues ser ciudadano es necesariamente ser político y como tal defiende sus derechos fundamentales. Es esa ciudadanía que se adquiere a los dieciocho años y que habilita a la persona a defender lo que es suyo, desde el ámbito político.

Exigir programas de gobierno y exigir que estos se cumplan una vez se está en el poder, y esto implica una fiscalización y una vigilancia permanente de los que hacen gobierno.

Pero esta exigencia es de todo ciudadano por el hecho de serlo; en sentido político eso es ser ciudadano, esto es, la ciudadanía es un concepto político. Hay muchos ciudadanos, pero casi nadie practica la ciudadanía y por eso los políticos se ríen en su cara, a sabiendas que todos o casi todos son ignaros.

¿Qué nos dice de la Ley Electoral y de Partidos Políticos?

Esta ley es prácticamente obsoleta, fue creada bajo el fragor de una nueva Constitución y en cierto modo fue una ley blanda, respondiendo desde aquella época a los designios de los partidos políticos viejos. Fue bien aprovechada por los políticos marrulleros, prueba de ello es que hay algunos diputados que tienen el mismo período de la llamada transición democrática, es decir, 30 años. Esto no puede ser.

Ahora que se tuvo la oportunidad de un cambio legislativo en la ley citada, la Corte de Constitucionalidad debió haber sugerido cambios de fondo que garantizasen todo lo relativo a la democracia representativa, pero no lo hizo, porque la misma Corte está entrelazada con los diputados y los políticos.

Se tuvo la oportunidad de oro para el control del financiamiento a los partidos políticos, la no reelección de los diputados, prohibir el transfuguismos porque es una burla a los electores, eliminar el listado nacional en donde puede ser electo cualquier perico de los palotes, y establecer una sistema de sanciones que disuadiera a los políticos de prácticas impropias y de poner orden en los partidos políticos.

Además de los contenidos en la Constitución Política, establecer condiciones y requisitos para los diputados y alcaldes, para asegurar los principios de la democracia representativa, de acuerdo con la función de cada uno de los electos.

¿Qué otra ley considerar usted necesaria reformar?

Una ley que no puede postergarse es la Ley de Servicio Civil. Esta ley es piedra angular de una buena y eficaz administración pública. No es posible que cada cuatro años, se remueva a los funcionarios y empleados que ya han adquirido cierta experiencia y que son honrados, para poner gentes que han nacido del clientelismo político, gente inexperta, inidónea que llega a servir fines aviesos y son instrumentos fáciles de la corrupción.

Los países que se han destacado por su eficiente administración en los distintos ámbitos de esta, son aquellos donde los empleados han desempeñados cargos por bastante tiempo, con derecho a una seguridad social que les permite avocarse con pasión a sus quehaceres, seguros de su estabilidad laboral.

Es importante renegociar los pactos colectivos por ser muy onerosos, cláusulas inmorales que permiten la creación de plazas fantasmas y hereditarias. No se puede alegar en su favor “derechos adquiridos” porque se obtuvieron en clara violación a la Constitución, porque no responden al principio de justicia social y bien común, sino a intereses particulares y espurios de los negociadores.

¿Y qué nos dice de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso?

Creo que lo más importante de la reforma es prohibir el transfuguismo, porque en primer lugar es un insulto a la democracia, a los que ejercieron el sufragio, pues el pueblo vota al menos teóricamente por los diputados que pertenecen a un partido determinado y resulta que se pasan a los partidos políticos que han sido calificados de corruptos o se declaran independientes violando la voluntad electoral.

Otro aspecto muy importante es eliminar el Listado Geográfico de Obras porque los diputados han sido electos para legislar y fiscalizar al Ejecutivo, pero no para ser contratistas. Dicho listado es un medio perverso de corrupción de millones y millones de quetzales, en contubernio con las autoridades locales. Fue una idea perversa de un expresidente, a sabiendas que ello permitiría la corrupción.

¿Ha estado en riesgo la Constitución en algún momento?

No, la Constitución nunca ha estado en riesgo porque, aunque parezca paradójico, lo que no se cumple no está en riesgo. Es decir, nadie cumple con la Constitución, salvo cuando al poder le conviene para mantener el statu quo, pero el ciudadano en general lo ve con indiferencia. No existe conciencia ciudadana que se identifique con la cosa pública y por eso nadie alega sus derechos.

¿Cree usted en un Estado de Derecho? 

Sí, pero un Estado de Derecho equivale a decir que se cumple con la Constitución pero aquí la Constitución no se cumple. El gobernante ocultando la transparencia ha expresado en muchas ocasiones que no responde a las preguntas formuladas, porque la ley no le obliga, sin tomar en cuenta que la democracia y el buen gobierno sí lo obligan.

Sucedió, por ejemplo, con los nombramientos de los magistrados a la CC, porque esos nombramientos deben conocerlos previamente la ciudadanía, para ejercer el derecho de expresión y de veto en su caso. Muchos actos en la administración pública que no están regulados expresamente, pero en materia de nombramientos es la transparencia y el respeto a la democracia lo que debe observarse.

PODER REAL

“Lo que ha pasado en nuestro país es que pocas veces se ha aplicado la Constitución en su verdadero sentido. Su interpretación siempre ha estado sujeta a los intereses de poder”.

ALERTA

“No soy partidario de una reforma en tanto tengamos la clase política que tenemos, y en tanto no se haya hecho un análisis de la normatividad constitucional y su desfase con la realidad”.

VACIO CIUDADANO

“Tampoco hay una ciudadanía que exija el cumplimiento de los derechos y tenga un claro conocimiento de lo que es la democracia, y así los políticos son libres de hacer lo que quieran, aprovechándose del poder”.

¿QUIÉN ES?

Abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Arturo Martínez Gálvez es un jurista de extensa trayectoria profesional y académica. Se desempeñó como Procurador Adjunto de los Derechos Humanos cuando se creó la institución del Ombudsman, en 1987. Fue magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, y ha publicado más de 12 obras sobre temas jurídicos.

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