El Siglo

Capturas de ayer disipan especulaciones

En la mañana del domingo 6 de marzo pasado, una bomba explotada en un autobús del servicio interurbano de San José Pinula a Guatemala, causó la muerte de dos personas y heridas a otros 25 usuarios.

“Terrorismo”, fue el calificativo que inmediatamente se adjudicó a ese acto criminal. Y a partir de allí, luego de al menos dos incidentes similares en los días siguientes, se desató una ola de zozobra, que no llegó a convertirse psicosis solamente porque los presuntos ataques coordinados cesaron, tan abruptamente como empezaron.

Sin embargo, flotaron en el ambiente político y periodístico interpretaciones, más exactamente, especulaciones, sobre lo que podría estarse moviendo atrás de este recrudecimiento de la violencia.

Hubo quienes señalaron hacia poderes paralelos, de corte conservador, interesados en “hacer quedar mal” al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, en el marco de presuntas aspiraciones para desplazarlo, nacidas en una de las corrientes existentes en el gobernante partido FCN-Nación.

La hipótesis de un plan desestabilizador también fue echada a rodar, siempre en la línea de la supuesta existencia de actores ocultos interesados en poner en evidencia la “debilidad” del gobierno del presidente Jimmy Morales. No faltó quien vinculara tales hechos con el reavivamiento del debate, mediático y parlamentario, en torno a la aplicación de la pena de muerte.

En medio de ese enrarecido ambiente, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil se apuntaron ayer un importante éxito, con la captura de cinco pandilleros, presuntos responsables directos de la mortal detonación de principios de marzo en San José Pinula.

Si algún efecto puede haber de estas capturas, más allá de que abren un obligado proceso judicial justo y eficiente, es que ayudarían a desalentar a quienes quisieran moverle la silla al ministro Rivas.

Claro está, siempre habrá observadores escépticos que sospechen del consabido recurso a la captura de “chivos expiatorios”, con fines políticos y mediáticos.

La única forma de saltar por encima de tales especulaciones es que, el MP y la PNC, se apoyen en investigaciones científicas incontrastables, suficientes para probar la culpabilidad de los capturados y conducir a una sentencia condenatoria, a través de un proceso judicial, repetimos, justo y transparente.

Una gran mayoría de las y los guatemaltecos estamos en contra de la criminalidad, estamos cansados de la violencia delictiva y deseamos que termine la impunidad en todos los ámbitos de la vida nacional. Por eso no podemos menos que ver con buenos ojos la realización de esas capturas, si no se trata de un montaje.

El paso siguiente, además del proceso judicial, debería ser la investigación sobre la eventual relación entre estos pandilleros y propósitos desestabilizadores. Por algo decimos en Guatemala que “se ha visto muertos acarrear basura”.

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