El Siglo

Tarjetas de crédito: media vuelta, atrás

Varios miles de tarjetahabientes recibieron ayer un verdadero baño de agua fría. La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió suspender, provisionalmente, la vigencia del decreto 7-2015, Ley de Tarjetas de Crédito.

La decisión de la CC se veía venir, aunque solamente fuera por el hecho de que se presentaron 14 recursos en contra de una ley aprobada, de urgencia nacional, por el Congreso de la República el 5 de noviembre de 2015.

En su momento, llamó la atención que el decreto fuera rubricado por el entonces presidente Alejandro Maldonado Aguirre, pese a las peticiones que se le hicieron para que lo vetara.

Ahora parece evidente que, como político experimentado, Maldonado Aguirre prefirió evitarse el sofoco de ejercer su veto, probablemente convencido de que una vez vigente la ley, a partir del 8 de marzo, habría una lluvia de impugnaciones que conducirían al resultado que ahora estamos comentando.

Llama la atención, también, que en febrero la CC había rechazado al menos un amparo contra el decreto 7-2015, lo cual ahora ha dado pie para que, de inmediato, se levanten señalamientos de inconsistencia en las resoluciones del tribunal constitucional.

La lectura de algunos analistas consultados por Siglo.21, en el sentido de que los magistrados salientes evitaron malquistarse con el poderoso sector financiero, no parece desencaminada.

Como quiera que sea, y aunque se trate de una resolución provisional, los augurios para la Ley de Tarjetas de Crédito no son los mejores.

Para empezar, los tarjetahabientes deben perder esperanzas de que el asunto pueda resolverse en definitiva relativamente pronto: está a la vista el cambio de magistrados en la CC, así que deberá esperarse a que, en su nueva composición, retome su propio ritmo de trabajo.

Pero el nubarrón más negro parece venir del hecho de que, según dejó entrever ayer la presidenta de la CC, Gloria Porras, en el examen ulterior se considerarán presuntos vicios en el proceso de formulación y aprobación de la ley impugnada.

Es decir, no solamente se revisará el fondo de lo aprobado por el Congreso sino también la forma en que lo hicieron unos legisladores que iban de salida. Ahora bien, es un axioma de la política que la forma es fondo.

Y lo que los usuarios de los créditos plásticos estarían esperando es que, al menos, se preserven aquellas disposiciones de la legislación que los protegen de abusos y cobros arbitrarios por parte de los emisores de las tarjetas.

Seguimos pensando que, bajo el influjo de una notoria ortodoxia mercadocéntrica, en la cual se privilegia la ganancia empresarial sobre el bienestar de las personas, Guatemala está al borde no solamente de dar media vuelta, sino también dos pasos atrás.

¿O las empresas emisoras, ahora que fueron protegidas por la CC, estarán dispuestas a volver a las condiciones de servicio, que ya modificaron so pretexto de la Ley de Tarjetas de Crédito?

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