El Siglo

“La estrategia es ordenar y limpiar puertos y aeropuertos”

En los últimos días, Enrique Godoy García-Granados (Quique Godoy), comisionado presidencial de Desarrollo Humano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), ha escrito tuiter que llaman la atención porque denuncian la resistencia de las mafias a aceptar los cambios que, desde su cargo, impulsa especialmente en puertos y aeropuertos. En esta entrevista, advierte que tiene claro su objetivo y que va tras él de manera abierta: ordenar y limpiar las dependencias que han servido para lavar, traficar y corromper.

De hecho, muestra ya algunos resultados y afirma que está en la fase de revisión de contratos, como los del parqueo, locales comerciales y de publicidad en el aeropuerto, así como en la entrega de subsidios para vivienda o la contratación de personal 029. De igual forma, adelanta que se inspeccionan algunos hangares y adelanta que, la otra semana, se abrirá una terminal de vuelos internacionales privados, donde se revisará las naves particulares que ingresan y salen del país.

“La estrategia es ordenar y limpiar puertos y aeropuertos”, repite, consciente de que la tarea es difícil y que, de momento, ya le generó amenazas a algunos de sus más cercanos colaboradores.

¿Cómo llega al cargo?
Hablé con el presidente Jimmy Morales después de la segunda vuelta de las elecciones de 2015. Lo conocía desde cuando él fue candidato a la alcaldía de Mixco y yo aspiraba a la de Guatemala. En esa ocasión me preguntó cómo lo podía ayudar si llegaba a la Presidencia. Conversamos varias veces. Le conté muchas de mis ideas de desarrollo urbano, no solo de la ciudad sino del país y se fueron quedando en él esas ideas. Es una persona que tiene mucha retentiva; después él conoció el K´atun 2032, que describe mucho de todo lo que hablo sobre desarrollo de ciudades intermedias.
Luego de la segunda vuelta me habló y me dijo: “Quiero que vengas a ayudarme sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial”. Le presenté una estrategia y me respondió que le interesaba. Me indicó que ese ministerio no existía, pero mientras se pueda crear me pidió que me fuera a trabajar con él como Comisionado de Desarrollo, para apoyar a las municipalidades y en la construcción de ciudades intermedias.
Le sugerí que me nombrara como Comisionado adjunto en Pronacom (Programa Nacional de Competitividad) y que le agregamos el tema de competitividad local.

¿Cuál es la intención de ese nombramiento?
Buscaré crear infraestructura en esos municipios que serán ciudades intermedias y serán la base para que se vuelvan competitivos y que atraigan inversiones. Después, cuando me planteó que me fuera como Ministro de Comunicaciones, le presenté una estrategia para puertos y aeropuertos que le interesó, una estrategia en conjunto con el ministro de Finanzas, Héctor Estrada, que ya estaba designado.
¿Por qué puertos y aeropuertos?, a ver, el IVA de importaciones es uno de los impuestos que más ha mermado en los últimos años. El 80% de las importaciones entran por puertos marítimos. La idea es cómo mejoramos eso. Le desarrollé una estrategia de cómo limpiar y ordenar puertos y aeropuertos. Le conté que esta estrategia de puertos y aeropuertos estaba coordinada con el Ministerio Público, la Cicig, la Embajada de Estados Unidos y la DEA, porque hay tres tipos de problemas en los puertos y aeropuertos. El principal es la corrupción vinculada con aduanas.

¿Cómo hizo la coordinación?
Antes de tomar posesión del cargo ya me había reunido con el embajador de Estados Unidos y la gente de la DEA que trabaja en puertos y aeropuertos. Les expliqué que la estrategia es llegar a ordenar y limpiar los puertos y aeropuertos. Mis reuniones también fueron con la fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, el comisionado Iván Velásquez, de la Cicig, con el Contralor de Cuentas y con el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. La Cicig y el MP me indicaron que en las últimas tres administraciones habían tenido puertas cerradas al pedido de información y ninguna colaboración en los puertos y aeropuertos.

¿En qué consiste la estrategia de limpiar y ordenar puertos y aeropuertos?
En identificar todos los puntos de actos de corrupción posibles en la administración de puertos, como primer punto. Esto implica revisar contratos vigentes a lo interno, por ejemplo, en Aeronáutica Civil está el famoso contrato del parqueo. Aunque la Procuraduría General de la Nación declaró la lesividad, quienes tienen el control metieron un amparo y se está en un proceso desde hace algunos meses tratando de limpiar ese contrato para tomar el control del parqueo. Pasa lo mismo con el sistema de publicidad dentro del aeropuerto; es un contrato que está hecho de una forma que, en la práctica, lleva varios años de estar vigente, pero tiene una cláusula que dice que hasta que no sea colocado el último mueble de publicidad no empiezan a correr los 10 años de vigencia y, obviamente, no se ha colocado el último mueble, lo cual es una estrategia para hacerlo eterno, pero mientras tanto ya el beneficiario está recibiendo dividendos.
Lo mismo nos pasa con varios locales comerciales en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que se los arrendaron a empleados, en esa época, de Aeronáutica; estos, a su vez, los subarrendaron cobrando tres o cuatro veces más de lo que ellos pagan. Incluso, hay un par de exinterventores o directores de Aeronáutica que tienen locales y no han pagado; uno de ellos debe hasta $115 mil. Entonces, lo que estamos haciendo es limpiando, revisando y verificando todos los contratos que hay en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Como era una intervención nadie los fiscalizaba y hacían lo que les daba la gana. Estamos, junto con la Contraloría y la Procuraduría, presentando denuncias ante el MP. Ahora tenemos dos casos que esperamos se anulen y que se presenten en abril las denuncias.

¿Y cuál es la situación en los hangares?
Revisamos esos contratos, que también, en algunos casos, están subarrendados para cosas distintas. Por ejemplo, donde se deben guardar avionetas se utilizan espacios para bodegas. Junto al MP y la DEA hemos hecho tres allanamientos; en uno encontramos un vehículo saliendo del Círculo Aéreo con droga, en otro caso en Combex encontramos pastillas que eran de cocaína.

¿Qué acciones han tomado en el aeropuerto?
Estamos limpiando todo lo que es corrupción. Un combate al crimen organizado. Les hicimos pruebas de polígrafo a los controladores aéreos y lo mismo pensamos hacer en otras áreas del aeropuerto La Aurora. El 31 de marzo se vencen los contratos 029 de 776 trabajadores en Aeronáutica Civil y creemos que unos 250 ya no se renovarán. Un buen grupo de estos trabajadores o la mitad de ellos, del 029, son una acumulación de puestos de favores entre directores o exinterventores de la DGAC y eso ha significado compromisos con los tres sindicatos que hay allí, pero es otra forma de desenmarañar todo lo que hay ahí. Por ello, formamos una mesa técnica en la que participaron la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), sindicatos y autoridades.

¿Qué tan vulnerable es el aeropuerto para la corrupción?
Hay 19 áreas vulnerables en el aeropuerto: puertas de acceso donde no hay control, lugares en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), donde va un muro y de repente se termina y queda una malla que se puede cortar, en el Aeroclub hay un policía que deja entrar a cualquiera, sin revisar qué ingresan. En la primera semana de abril vamos a abrir una terminal de vuelos privados internacionales, donde toda avioneta que baje será revisada y después que se vaya a su hangar, porque ahora no hay revisión. En este momento, la tripulación llega a su hangar y envía a alguien a Migración, pero ya no será así. Con algunas avionetas se tienen ciertas anomalías, pues les pintaron la letra N, que es una matrícula estadounidense. Estas matrículas no están controladas y nadie les pedía registro. La DEA va a proceder, junto con la Embajada de Estados Unidos, a corregir esto.

¿Cómo se originó semejante descontrol? ¿Quién autorizaba la designación de la matrícula?
Puede ser que la nave se haya registrado legalmente, pero ahora ya no tiene registro; pero insisto en que se debe tener control en la FAG. Estamos en el proceso de separar Aeronáutica de la administración de los aeropuertos, porque no puede ser regulador y administrador al mismo tiempo. Esa es la parte de ordenar; la de limpiar es quitar la corrupción, la depuración del personal.

¿Qué se hará concretamente en Aeronáutica?
Cerrar las áreas de acceso al aeropuerto; se pondrá más seguridad. Se debe tener el control. Lo peor es que lo mismo que estamos viendo en los aeropuertos se replica en los puertos.

¿Qué ha encontrado en los puertos?
El menos complicado es Champerico, porque es artesanal. Puerto Barrios funciona en lo privado, pero en los otros tienen trabajadores amarrados a contratos sindicales. Ojo, que uno de estos puertos tiene Q900 millones en caja, y puede liquidar al personal. El usufructo de este dinero sirve para pagar salarios, pero quien negociaba en qué banco se depositaban los fondos era el interventor; ahora hay una directiva integrada por usuarios, sindicato y otras entidades del Estado.
Se debe separar a Aeronáutica de los puertos, hacer una depuración del personal con compromisos políticos. Tenemos tres puertos: Quetzal, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, que es privado en un 90%.

Volviendo al tema de Aeronáutica, ¿qué pasará con los contratos anómalos?
El Contralor ya está en estos casos, pero no se pueden cancelar, como el del parqueo, porque serían corresponsables los actuales directores si firman alguno. Hay como tres acuerdos que se debían cancelar y fueron aprobados por el exdirector Andreu de Aeronáutica. Por ejemplo, el hijo del exdirector Andreu era uno de los controladores aéreos y su yerno, quien ya no está, era el gerente de aeropuertos. No actuamos contra nadie, sino contra actos de corrupción o ilegales que hemos encontrado. No es una cacería contra ninguno.

¿Qué propone para regular estas anomalías?
En el tema de las avionetas estamos determinando un sistema de control de documentación de avionetas, pero creemos que el problema de Aeronáutica Civil es que al mismo tiempo administra los aeropuertos, y eso hay que regularlo. En poco tiempo crearemos una oficina de la Fiscalía de Narcoactividad en el Aeropuerto, donde haya personal de la SAT y la DEA, para controlar la llegada de vuelos privados y, después de esa revisión, que ya puedan irse para su hangar.

Supongo que estas medidas son las que han hecho reaccionar a las mafias. ¿Son las reacciones de las que usted habla en su tuiter?
Al viceministro de Puertos y Aeropuertos lo han amenazado; por ello le colocamos seguridad. También se amenazó al actual director de la DGAC, cuando cerramos los accesos a personas ajenas al aeropuerto. Había personas ajenas que tenían credenciales para entrar. En la torre de control un ascensor descompuesto desde hace años; hay 137 escalones, y se podían apagar o encender los radares casi al antojo.

“HOY POR HOY, LO QUE HACEN LAS COMUNAS ES EXTENDER LA MANO”
¿Cuál es la situación en las comunas?
En el Instituto de Fomento Municipal (Infom) hemos detectado expedientes anómalos y también dentro del Fapavi (Fondo para Vivienda), donde la Contraloría está tomando acciones. Cuando vemos alguna posible anomalía la trasladamos a jurídico de la Contraloría, para que evalúe. Está el caso de los subsidios de viviendas, donde una familia ha sido beneficiada con estos por unos Q300 millones en su empresa, tienen arrodillados a funcionarios menores. Los expedientes que mandó a pedir la Cicig están incompletos, no tienen información ni sustento para hacer los pagos, pero estos están ya hechos.

¿Se han detectado anomalías en los subsidios para viviendas?
Es parte de la investigación… Esos expedientes incompletos de los que hablamos ya están pagados.

¿Cómo encontraron la situación del Infom?
Estaba en condiciones parecidas al puerto: un desastre, administrativamente. Estamos con la Cicig y la Contraloría para plantear y reorganizar el Infom. El Instituto se está comprometiendo con el gobierno, abierto y transparente, igual que las municipalidades. Estamos evaluando si la entidad tiene la capacidad de enfrentar el futuro del desarrollo urbano en Guatemala.
Su función era respaldar a las comunas con recursos, pero se daban préstamos con porcentajes altos. Su función fue nefasta. Si no capacitamos a los concejos para gestionar recursos, como sucede con el transporte público de la ciudad de Guatemala, seguirán funcionando con aportes del Gobierno. Hoy por hoy, lo que hacen las comunas es extender la mano para que el Estado les dé dinero. Las municipalidades, en un 80% viven de los aportes y asignaciones del Estado.
Muchas no cobran IUSI, o las tasas en los mercados, cuando se pudiera cobrar como en un centro comercial. Ese modelo no puede seguir así.

¿Y, efectivamente, las comunas pueden prestar seguridad?
Muchas pidieron autorización para regular el tránsito y se les dio esa potestad. Hay alcaldes que dicen que pueden hacerse cargo de la seguridad o la educación, pero, ¿por qué no lo piden por escrito? La ley les faculta, pueden hacer una mejor labor en las comisarías que soliciten, se les trasladan las partidas presupuestarias del personal y las instalaciones, pero ninguna lo hace, pese a que la ley se los permite.

¿Qué se hace para mejorar esta situación?
Convocamos hace una semana a las comisiones Municipal Territorial y Puntos Legislativos del Congreso. Llegaron alcaldes, diputados y funcionarios vinculados con el tema. Se organizaron tres mesas de trabajo. Una técnica, para ver el tema de empoderamiento territorial y vivienda, revaluar y replantearla. Otra mesa que analice el fortalecimiento de las municipalidades, reformar el Infom o transformar el Infom. Todas las reformas serían de vivienda y ordenamiento territorial. Y la tercera, que evalúe la gestión y propuestas de las comunas.
Hasta ahora, como lo hizo la Anam con el pedido de subir el aporte constitucional, todas las propuestas son para requerir más pisto del Estado. Un 35% de los gastos totales del Estado se va para los gobiernos municipales, que son los menos fiscalizados y allí no se incluye el Listado Geográfico de Obras.
Las municipalidades deben implantar sus planes de fiscalización. Si generan más recursos, deben ir acompañados de implementar planes de transparencia.
Las mesas tienen plazo de un mes para el inventario de cada uno de los sistemas que se plantearon y sugerir iniciativas de ley, a fin de que en un futuro cercano nos concentremos en esas leyes.
Se espera que a finales de abril o mediados de mayo esté la propuesta de ley final. Se esperan dos o tres propuestas de normativa municipal. El objetivo es que esta sea la ley del apoyo al desarrollo urbano sostenible, y que esté lista para el último trimestre del año.

“Les hicimos pruebas de polígrafo a los controladores aéreos y lo mismo pensamos hacer en otras áreas del aeropuerto La Aurora. El 31 de marzo se vencen los contratos 029 de 776 trabajadores en Aeronáutica Civil”.

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