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Jonathan Ardón

El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Guatemala dice grandes verdades que cuestionan nuestro modelo de país, el cual se ve retratado en la frase del papa Francisco: La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia, e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo.

A esta situ ación habríamos llegado por dos razones: la prevalencia del pensamiento tradicional de nuestra opinión pública y el amargo reconocimiento de que firmamos la paz por conveniencia y no por convicción. Lastimosamente el Estado de derecho que aspiramos fortalecer, sufre regateos. Algunas élites consideran que sus membresías no deben ser afectadas en juicios de ningún tipo, ni tributarios ni por acciones de lesa humanidad.

Cualquier proceso de desarrollo se ve afectado por esa variante, que para el caso de Guatemala es casi estructural y cíclica en cada intento por cambiar. La necesidad se impone ahora por razones geopolíticas. 14 personas que empiezan cada hora a caminar para dirigirse a Estados Unidos es una de ellas.

La CIDH observa una serie de situaciones que agravan el escenario, como el resurgimiento de las desapariciones, asociadas en parte importante, al actuar del crimen organizado; la grave problemática de los linchamientos y el uso desmesurado y poco supervisado de la seguridad privada.

Expresa acciones y omisiones, como el debilitamiento continuo de la Policía Nacional Civil, la militarización de la seguridad ciudadana y la creación de escuadrones especiales, que han generado mayor tensión e incrementado el problema.

El informe señala las afectaciones a la independencia judicial por la falta de idoneidad de los procesos de nombramiento y selección de los operadores de justicia. Observa que el índice de impunidad por el delito de homicidio, fluctúa en los años 2008 y 2014 entre un 99.1 y un 98,4 por ciento, citando un informe de la Cicig.

La CIDH centró el informe en tres aspectos fundamentales: seguridad ciudadana, la administración de justicia y la situación de desigualdad y exclusión de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas, quienes han visto afectado su derecho al territorio ancestral, no son consultados y sufren graves niveles de exclusión y desigualdad con generaciones aquejadas por la desnutrición, como consecuencia del racismo y la discriminación estructural.

PD. El concejo municipal de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, aprobó un acuerdo que garantiza la participación de hombres y mujeres en igualdad (50-50) en las organizaciones comunitarias. Bienvenidos los derechos de participación de la mujer y la juventud en los Consejos de Desarrollo y en toda la organización y participación comunitaria y municipal. No se necesitan leyes del Congreso.

La vida en sociedad se vuelve en terreno fértil para la corrupción , el narcotráfico, la exclusión, de las culturas diferentes.

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